MOVIMIENTOS CAMPESINOS (San Cristobal de las Casas)

CIEPAC, san cristobal de las casas

Luego de 10 años de supuesto libre comercio, el campo, no aguanta más. A partir de enero del 2003 el 93% de los productos agropecuarios altamente subsidiados provenientes de los Estados Unidos entran a México sin ninguna restricción. Ahora Bush y Fox le declaran la guerra al campo.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) el campo ha ido en picada aceleradamente. Es por ello que al inicio del año el secretario de Agricultura Javier Usabiaga fue abucheado por los ejidatarios indignados pertenecientes a la Confederación Nacional Campesina (CNC), quienes curiosamente dieron su visto bueno a la reforma constitucional del artículo 27 sobre la tierra en 1993 y al TLCAN en 1994, a cambio de grandes sumas de dinero a la dirigencia. Al grito de "¡Fuera, fuera, fuera!", "¡Duro con él, no lo dejen escapar", "¡Burro, burro!", "¡Que responda, no lo dejen escapar!", el responsable de la política agrícola del país salió despavorido del puerto de Veracruz.

Al secretario de Agricultura Javier Usabiaga es un gran empresario incorporado al gobierno foxista para, supuestamente, defender los intereses del campo, pero los de su campo. Usabiaga fue secretario de Desarrollo Agropecuario en Guanajuato mientras Vicente Fox era gobernador de esa entidad. Como gran terrateniente, posee miles de hectáreas en el bajío y es conocido también por su actividad de coyotaje al establecer convenios desventajosos con los productores de la región. También se le llama el Rey del ajo ya que acapara hasta el 90% de la producción del ajo y hasta del 60% del brócoli. La familia Usabiaga posee las empresas Grupo Agropecuario del Bajío, Invernaderos Arroyo, Dobesa, Covemex SA de CV, Comercializadora GAB SA de CV, Sube del Bajío y Susazón, entre otras. En sus manos están los ranchos Los Aguilares y El Pato y es el principal accionista del banco Banamex de la región. Usabiaga también se dedica a la importación y venta de carnes, por lo que la entrada de carne de Estados Unidos alimentada con hormonas y desperdicios y a bajos costos representan un gran negocio para el secretario de Agricultura, además de pagar entre 16 y 21 pesos diarios a sus trabajadores agrícolas los que equivalen entre un 1.5 y 2 dólares. (Revista Vértigo, 19 de enero de 2003)

El TLCAN empobreció más al país lo que no significó que algunos empresarios privilegiados hayan logrado ventajas. Pero la mayoría del campo quedó en la ruina. Con el tratado se prometió un crecimiento acelerado. Sin embargo un año después llegó la recesión económica de 1995 y otra fuerte crisis en 1998 con recortes al presupuesto federal y más tarde otra crisis en el 2001. En 20 años de modelo neoliberal en México (1982-2002) aplicado por el Ajuste Estructural que impone el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no ha pasado en promedio del uno por ciento.

Después del TLCAN la degradación ambiental se ha agudizado. También se prometieron inversiones que equivaldrían automáticamente a más empleos. Pero esto tampoco ha sido así. La segunda o tercera causa de entrada de dólares a México provienen de los pobres migrantes que han huido a los Estados Unidos y que envían dólares a sus familias en México. Desde otro punto de vista, según el Banco de México la Inversión Extranjera Directa (IED) en los últimos años ha sido de 112,782 millones de dólares, pero no para generar más empleos sino que es el reflejo en su mayoría de la compra de los bienes públicos o empresas como la adquisición de los bancos por la banca extranjera, la telefonía, grandes cadenas comerciales, los aeropuertos, el espacio satelital, la televisión, las carreteras, etc.

Gracias al TLCAN la mayoría de los insumos para la fabricación de cualquier cosa provienen ya del extranjero, lo que ha causado el derrumbe de la industria nacional y por tanto la ola del desempleo. Por ello, en el contexto de la guerra de Bush contra Irak, el dólar eleva su valor y lo encarece. Más pesos se necesitan ahora para comprar un dólar necesario para importar las partes de un producto. En el caso de las maquiladoras del país, sólo el 2.89 % de sus componentes y envases son mexicanos y el resto se compra al extranjero. Los empleos que generó fueron de mala calidad y los demás mexicanos decidieron migrar hacia los Estados Unidos. Durante el TLCAN la migración indocumentada anual pasó de 210,000 a 270.000 personas.

El famoso capítulo 11 del TLCAN otorga super poderes a las compañías transnacionales ya que no se les puede imponer requisitos para desempeñarse ética y moralmente. Se les libera de cualquier compromiso con el bienestar público, con la salud pública o la ecología. Con este capítulo tienen la libertad de entrar y salir de nuestra casa, de nuestro país, sin ninguna regla. Pueden sacar masivamente su dinero e incluso demandar a cualquier gobierno nacional por impedirle sus derechos que ha procurado legalizar y garantizar bajo el TLCAN. Y algo peor pasará si se firma el Area de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) como si avanzan las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el próximo septiembre en Cancún.

En las últimas semanas Vicente Fox ha declarado que luego de 10 años del TLCAN se requiere ampliarlo hacia el ALCA para el 2005: "Nosotros pensamos que tenemos que avanzar en la integración, en ir haciendo más amplia y más fuerte nuestra asociación con esta visión para la próxima década, es parte de lo que estamos trabajando fuerte en este momento y eso es lo que estamos elaborando, platicando, negociando con Estados Unidos y Canadá". Para lograrlo, dijo, es necesario que se "ensamblen" todos los tratados de libre comercio bilaterales y regionales que existen en América, "que son muchos a lo largo y ancho de Latinoamérica", para que en 2005 como se tiene previsto se logre el ALCA. Y este es el camino y la estrategia que sigue el gobierno de los Estados Unidos en el Continente: los acuerdos de libre comercio país por país para luego ir ensamblando todas las partes.

Con el Capítulo 11 del TLCAN las empresas transnacionales pueden lograr, y han logrado por medio de demandas, que un gobierno les indemnice o compense por aplicar alguna medida que, en beneficio de la población, afecte a sus intereses, inversiones y ganancias. Para ello generaron un mecanismo para "solucionar" las controversias o problemas que surjan entre los países miembros del tratado que, por encima de la Nación y sus poderes soberanos, garanticen sus intereses, que no derechos. Por ejemplo, la compañía Metalclad logró que este mecanismo le diera la razón para que el gobierno mexicano le pagara 16 millones de dólares argumentando que se le impidió operar un basurero tóxico en San Luis Potosí cuando no cumplía con normas ambientales y ya generaba problemas en la salud pública.

Gracias al TLCAN importamos el 25% del maíz, más de un tercio de trigo, 9 de cada 10 kg. de arroz, más de 90% de la soya, y un tercio del sorgo que consume el país. En el TLCAN se acordó permitir la entrada sin arancel a 3 millones 671 mil 327 toneladas de maíz entre 1994 y 2007. Sin embargo, para 1996 se importaron libremente 5 millones 843 mil 726 toneladas. En 2001 se registraron más compras de alimentos al extranjero en toda la historia de México (déficit agroalimentario). Un país es fuerte si produce sus propios alimentos. Del mismo modo, una comunidad campesina es fuerte, autónoma y soberana si produce su propio maíz.

Como en otros tipos de acuerdos, los Estados Unidos saben que pueden incumplir el espíritu y la letra del TLCAN así como los acuerdos de la OMC que estipulan la eliminación de prácticas desleales de comercio y la disminución de subsidios agrícolas. Los subsidios del gobierno norteamericano pasaron de 5 mil millones de dólares en 1994 a 32 mil millones de dólares en el año 2000. Esto provoca un bajo costo artificial en los precios agrícolas internacionales y les otorga una ventaja que no tienen los productores nacionales. Por otro lado, estos productos provenientes de los Estados Unidos no cumplen con la calidad y sanidad adecuadas, como son los casos del maíz y soya transgénica, carne alimentada con hormonas y desperdicios, el sorgo con toxinas, etc.

Por tanto, la supuesta competencia no es equitativa. Exigen a México la eliminación de subsidios mientras ellos los aumentan; la apertura de nuestras fronteras a todos sus productos sin restricciones mientras ellos la cierran a los nuestros; exigen calidad a los alimentos que llevarán a su mesa cuando ellos nos exportan alimentos con hormonas, transgénicos, con tóxicos prohibidos en los mismos Estados Unidos o países del primer mundo; exigen la libre circulación de su personal calificado sin restricciones migratorias y ellos cierran las puertas a los pobres en sus fronteras; exigen la libre entrada de capitales especulativos sin aportar un quinto al país y cobran hasta un 20% por las remesas de los migrantes que sobreviven en los Estados Unidos.

A la luz de la experiencia mexicana se pueden adelantar los pronósticos sobre los efectos que traerán los acuerdos de libre comercio entre los Estados Unidos con los países centroamericanos. Los efectos serán devastadores y profundizarán la pobreza y los posibles brotes de violencia de los pueblos que han sabido defender su soberanía y dignidad frente el imperio norteamericano.

EL CAMPO NO AGUANTA MÁS

Ante la crisis del campo doce organizaciones nacionales y regionales de productores agropecuarios, forestales y de pobladores rurales decidieron integrar el movimiento "El Campo No Aguanta Más". Entre estas organizaciones están: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC); Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); Coordinadora Estatal de productores de Café de Oaxaca (CEPCO); Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC); Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC); Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCH); Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (UNOFOC); y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

El movimiento convocó a una magna manifestación el día 31 de enero de 2003 en el Zócalo de la Ciudad de México a donde asistieron más de 100 mil personas. "Somos pueblos nacidos del maíz, sobrevivientes que nos negamos a desaparecer; del capo no nos vamos y por eso estamos aquí", gritaron los manifestantes en la concentración más grande jamás registrada en las últimas décadas. Al grito de "¡Campo sí, tratado no!" y "¡Fox, entiende, la Patria no se vende!" las organizaciones exigieron soluciones inmediatas al campo, así como alto a la represión, libertad a los presos políticos campesinos e indígenas y desistimiento a las ordenes de presentación para los participantes en las movilizaciones del 10 de diciembre pasado y del 1,2 y 3 de enero de 2003 en el puente de Córdova-Américas de Ciudad Juárez. Mientras el presidente Vicente Fox realizaba una gira por Europa anunciando que en México todo está bien y que "se va armando el consenso" para impulsar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) un programa para la disminución gradual de los subsidios, paralelamente en la marcha una campesina de Chiapas afirmaba en el Zócalo capitalino que "De la tierra nuestros padres nos han mantenido. Nos alimentamos de la venta del maíz, frijol y café. Pero no tenemos apoyo para seguir trabajando el café, porque parece que no vale. Estamos con esfuerzos manteniendo la siembra del maíz y el frijol, pero dentro de poco ya ni eso". (La Jornada, 1 de febrero de 2003)

El movimiento "El Campo No Aguanta Más" propone seis puntos para la Salvación y Revalorización del Campo Mexicano:

1) Moratoria y renegociación del apartado agropecuario y forestal del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es urgente que el Senado declare la situación de emergencia social, económica y ambiental del campo mexicano; que de acuerdo con el capítulo VIII del tratado decrete la suspensión provisional del mismo durante tres años, mientras se reconstruyen las cadenas productivas alimentarias básicas. Se exige que el Senado instruya al Presidente de la República para que renegocie el capítulo agropecuario del TLCAN en términos que no afecte nuestra soberanía alimentaria ni las condiciones de vida de las familias campesinas. El mismo TLCAN en su capítulo VIII referente a Medidas de Emergencia y las disposiciones de la OMC en su capítulo XXXI otorgan el derecho a un país a interrumpir los compromisos de desgravación por causas de seguridad nacional.

2) El planteamiento de un programa emergente 2003 y el programa estructural 2020. Fomento a la producción agroalimentaria para el mercado interno, reducción de dependencia alimentaria, eliminación del déficit comercial agroalimentario, reconstrucción de cadenas agroalimentarias nacionales, reducción de asimetrías, inocuidad y calidad de alimentos para consumo nacional y fortalecimiento de organizaciones e instituciones de productores rurales. De largo plazo 2004-2020, la creación de una comisión de estado para la formulación de una propuesta de programa estructural y de largo plazo una Comisión de Estado con participación del Ejecutivo, del Legislativo, de los productores, de las universidades y centros de investigación para planear el desarrollo del sector agropecuario con carácter de emergente.

3) Reforma del órgano de gobierno financiero rural con una verdadera representación de los grupos rurales de México.

4) La integración de un presupuesto rural con carácter cualitativo y bajo una visión humana y acorde a las necesidades y características de la población rural mexicana. Asignación de 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural en 2003.

5) Un programa que prevea la accesibilidad de alimentos con calidad para la población mexicana.

6) Reconocimiento a los Derechos y Cultura de los pueblos indios de acuerdo a los Acuerdos de San Andrés.

El movimiento exige una tregua a esta guerra por el control de los alimentos. El gobierno debe restituir la soberanía de la nación que ha vendido al capital transnacional. El Poder Ejecutivo y el Legislativo por medio del Senado de la República tienen una gran responsabilidad. Y todos la tenemos. Pero el gobierno de Vicente Fox no está dispuesto a renegociar, suspender temporalmente y menos cancelar los compromisos agrícolas del TLCAN ni a exigirle a Bush que cumpla al menos con lo comprometido en el tratado.

Si bien hay que luchar en el terreno de lo posible, no hay que olvidar que el problema de fondo no es la renegociación del TLCAN ni la eliminación de los subsidios a los productos estadounidenses ya que no es la única asimetría respecto al campo mexicano. El problema es sistémico. Un proceso de acumulación de riqueza que se extiende a todas las áreas de la vida incorporadas al mercado, a la lógica de la posesión, del valor, de la venta de la vida como mercancías. Son ya los árboles, los genes, las plantas, el petróleo, el agua, el gas y hasta los alimentos que entran en esta lógica.

Tampoco es con los campesinos mexicanos con quienes Fox tiene que negociar. Ni los campesinos con él. ¿Negociar qué? Es con el gobierno de los Estados Unidos con quien tiene que anteponer la soberanía del pueblo mexicano. Por ello, las supuestas negociaciones con los productores de campo con el gobierno federal convocados en los próximos días, puede ser usada como otra estrategia para administrar la crisis, darle tiempo al tiempo, como sucedió con las negociaciones de San Andrés. Ahí nunca se quiso escuchar ni dialogar, mucho menos negociar los derechos de los pueblos indígenas. Está claro que el gobierno no está para defender los derechos de los mexicanos. El sexenio de Vicente Fox está agudizando y poniendo los cimientos para la agudización de los conflictos en todos los sectores, en el sector campesino; con los trabajadores electricistas y petroleros; con los trabajadores de la educación y de la salud. Pero de igual manera es el sexenio de la movilización social mexicana por cambiar el rumbo de este proyecto, porque otro mundo es posible.

El imperio estadounidense se la pasa declarando la guerra al mundo. Guerra contra los países soberanos, guerra contra los campesinos e indígenas que poseen las riquezas estratégicas, guerra por el control de las rutas comerciales, guerra contra los terroristas, guerra por el control del agua o el petróleo. Ahora amenaza con la guerra contra Irak para el 15 de febrero del 2003. Por eso la invitación para ese día en todo el mundo y que ronda por las calles y en las fábricas; en los parlamentos y congresos; en el ambiente artístico e intelectual; en el campo y la ciudad y en cualquier rincón: muévete ese día donde quiera que estés, muévete contra la guerra cualquiera que sea su manifestación.

Gustavo Castro Soto - 05-Feb-2003 - num.331

AL PUEBLO DE MÉXICO:
AMUCSS - ANEC - CIOAC - CEPCO - CODUC - CNOC - CNPA - FDCCH - FNDCM - RED MOCAF - UNOFOC - UNORCA

Hace exactamente nueve años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hace nueve años que se intensificó la guerra en contra de la agricultura campesina y, en general, en contra del campo mexicano. Hace nueve años, también, nuestros hermanos zapatistas, lanzaron el primer grito de resistencia en contra del modelo económico globalizador, concentrador de la riqueza en unos cuantos, desgarrador del tejido social, destructor de pueblos, depredador de la naturaleza y violador de los derechos de comunidades y de individuos.

Hoy en este primer minuto del año, primer minuto del décimo año del TLCAN se inicia la penúltima etapa de la guerra contra nuestra agricultura, contra nuestra soberanía alimentaria, contra la base de nuestra independencia como país. Hoy se desgravan todas las importaciones agroalimentarias procedentes de los Estados Unidos y del Canadá, con excepción del maíz, frijol, leche en polvo y azúcar de caña. Hoy se suprimen todos los aranceles, aranceles-cuotas y cupos de importación. Hoy se derriban las trincheras que permitían todavía una precaria subsistencia de las cadenas alimentarias básicas para nuestra economía: carne de res y cerdo, pollo, huevo, lácteos, arroz, trigo, papa, manzana y otras más. Hoy nuestros productores tendrán que defenderse solos contra los productos que cuentan con un subsidio del gobierno norteamericano hasta treinta veces superior al subsidio promedio que otorga el gobierno de México.

Sólo la ingenuidad, la ineptitud y/o la complicidad del Ejecutivo Federal y de muchos de los legisladores no ha podido discernir que tras esta nueva etapa del acuerdo comercial se esconde una verdadera guerra en contra de nuestra sobrevivencia como país independiente. Sólo las mentes más obstinadas y menos informadas se niegan a ver que la negativa del gobierno de George W. Bush apoyado en la complicidad del gobierno de Vicente Fox, de suspender esta desgravación es una pieza más en su estrategia belicista que lo mismo pasa por controlar el gas del Asia Central que el petróleo de Irak y de Venezuela y el suministro de alimentos de México. Porque dislocar nuestra producción agropecuaria, orientarla a producir sólo para la exportación y hacer depender la alimentación de nuestro pueblo de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, controladas por unas cuantas trasnacionales, es aceptar la madre de todas las derrotas: la de la comida de nuestra gente.

Por eso hemos llegado hasta acá las dirigencias de las organizaciones campesinas del "Movimiento El Campo No Aguanta Más" y las organizaciones sociales que nos apoyan. Aquí, en Ciudad Juárez, donde en 1911 los ejércitos campesinos terminaron con la dictadura porfirista de 40 años. Aquí, en la frontera con el país más poderoso del mundo, aquel cuyo gobierno se apresta a lanzar una nueva guerra para reforzar su dominio militar, económico y mediático sobre el planeta. Aquí, en el Puente Internacional de Córdoba por donde pretenden pasar el alud de alimentos dirigidos a nuestro país. Alimentos congelados por diez años, de desecho, transgénicos, de chatarra, para avasallar nuestra producción nacional, afectar la salud de los mexicanos y consolidar la dependencia alimentaria de nuestra Nación.

Precisamente de aquí, desde donde comienza la patria, desde donde empieza América Latina, lanzamos este llamamiento al Pueblo de México. Anunciamos que en este mismo momento estamos en movimiento nacional de resistencia civil, pacífica, no violenta, para salvar al campo mexicano y para salvar a México. Hoy lanzamos esta contraofensiva de paz, de razones, de propuestas y de acciones de desobediencia. Ya nos hicimos presentes, sin muchos frutos ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ya declaramos unilateralmente la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN a la Embajada de los Estados Unidos. Ahora nos declaramos en ayuno aquí en este puente internacional. Desde aquí lanzamos una convocatoria a celebrar en los próximos días un Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano a todos los actores sociales, políticos, culturales y económicos interesados en rescatar nuestra agricultura, nuestra alimentación, nuestra dignidad y nuestra soberanía. Desde aquí iremos dando a conocer las diversas acciones que componen la estrategia de nuestra contraofensiva: acciones de resistencia civil, recursos ante la Suprema Corte de Justicia, recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, reiteración de nuestras propuestas al Legislativo y las diversas acciones que vayamos dando a conocer en el camino.

Nuestras seis propuestas y demandas básicas son:

1. Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN y renegociación inmediata del mismo.

2. Fuera el maíz y el frijol, alimento básico de nuestro pueblo, del TLCAN y demás tratados comerciales con otras naciones.

3. Programa emergente 2003 y programa de largo plazo 2020 para la revaloración y reestructuración de la agricultura nacional con participación de los campesinos, con base en los objetivos centrales de soberanía alimentaria, multifuncionalidad de la agricultura, revalorización de la agricultura campesina, fomento a la producción para el mercado interno a la par para la exportación, rentabilidad y certidumbre en los ingresos, empleo rural y agricultura sustentable y conservación de los recursos naturales. En resumen, para lograr un crecimiento del sector agropecuario y forestal con equidad, sustentabilidad y soberanía.

4. Respeto a las organizaciones e iniciativas rurales genuinas y autónomas, fin del contubernio del gobierno del presidente Fox con el corporativismo rural y en particular, reforma al órgano de gobierno de la nueva Financiera Rural para dar paso a formas de representación de los productores y pobladores rurales más genuinas y democráticas, dejando atrás la asignación de asientos con base en cuotas políticas que únicamente reproducen de una manera desvergonzada el viejo y nefasto corporativismo rural.

5. Calidad y sanidad en los alimentos para los consumidores mexicanos.

6. Reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios conforme a los Acuerdos de San Andrés.

Nuestro interlocutor primero no es el gobierno, el destinatario primordial de nuestro llamado son ustedes, todos y todas quienes constituyen el Pueblo de México. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a su conciencia, a aquellos sentimientos de la nación que invocó Morelos en su lucha. A nuestras hermanas y hermanos de todo el país los invitamos a participar a su modo, de acuerdo a sus posibilidades, en este Movimiento El Campo No Aguanta Más, realizando una o varias de las siguientes acciones:

- Manifestándose en los puentes internacionales y aduanas.
- Enviando cartas con firmas a sus senadores para que se declare la Situación de Emergencia Económica, Social y Ambiental en el Campo Mexicano y se declare la Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN.
- Portando un listón verde en la solapa de su blusa o camisa.
- Inscribiendo en las ventanas de sus casas o de sus vehículos leyendas como "Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN" o "Salvemos al campo, salvemos a México" o "El campo mexicano no aguanta más".
- Enviando cartas a la redacción de los periódicos de su localidad o participando en los programas de radio de teléfono abierto apoyando nuestras demandas.
- Revalorizando y promoviendo del consumo de alimentos hechos en México y cultivados por pequeños y medianos productores.
- Organizando boicots al consumo de alimentos de importación, principalmente los relacionados con nuestra alimentación básica.
- Participando en el Diálogo Nacional para la Salvación del Campo Mexicano en la fecha y lugar que se darán a conocer a la brevedad.

Nuestra lucha no es por restaurar un pasado que no volverá. Es por reconquistar las bases, las raíces mismas de un futuro libre, soberano, próspero para las comunidades, para las personas, para los pueblos que componen nuestra patria. Nuestro combate no es el de unos cuantos, no es el de un sector particular, ni tampoco el de un cierto gremio. Combatimos por los derechos que se nos han conculcado a todos: el derecho a producir, el derecho a vivir dignamente de nuestro trabajo, el derecho a alimentarse sanamente, el derecho a construir una economía humana, basada en nuestra idiosincrasia y abierta a los avances de la ciencia y de la tecnología, el derecho a que nuestra agricultura y nuestras comunidades campesinas no sólo sobrevivan sino que vivan con dimensión de futuro y dignidad.

MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN MÉXICO:
LA LUCHA POR LA TIERRA

Para los pueblos indígenas, la lucha por la tierra, por la “madrecita tierra” (Concheiro y Diego, 2002), representa el fundamento material y simbólico de su existencia, que si bien tiene una larga trayectoria de más de 500 años, actualmente se ha proyectado en una abierta insurrección municipal que desde mediados de los años ochenta del siglo XX llegó a tomar violentamente uno de cada diez municipios de menos de 5 mil habitantes (López Monjardín, 2004b). Esta lucha incesante que busca el poder local para la defensa de la tierra y sus recursos naturales, poco a poco ha ido dibujando procesos de autonomías municipales, regionales, de pueblos indígenas específicos y en general de distintas prácticas de territorialidad que recomponen, en el marco de la disputa con el gran capital y el Estado, parte del espacio rural mexicano.

También entre los remolinos de aparente resaca de la marejada indígena, se destacan las movilizaciones y el movimiento social de los campesinos productores de mercado, denominado El Campo No Aguanta Más. Las oleadas desde principios de este siglo vinieron de muchos lados, enriquecieron las luces que alimentaban el calidoscopio social; los primeros fueron los maiceros, seguidos de frijoleros, sorgueros, cañeros, piñeros, cafeticultores, ganaderos, que en sus reclamos y demandas específicas se fueron entretejiendo para enfrentar las políticas neoliberales, hasta acabar definiendo lo que puede llamarse un programa político en defensa de sus productos pero en lucha por la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. La lucha económica adquirió así un claro sentido territorial; la agenda agraria de lucha por la tierra volvió a posicionarse, la perspectiva ambiental se convirtió en un claro referente y ambas se extendieron a la defensa del mercado interno y a las propuestas de desarrollo ecológicamente sustentable y culturalmente compatible.

Producto directo de las luchas sociales y políticas de las masas rurales –que se enmarcan en los efectos que tiene la mundialización sobre la reestructuración espacial del dominio del capital (Revelli, 1997)– la lucha por la tierra se ha transformado. Hoy representa, para los campesinos e indígenas de México, desde la disputa (interna y externa) del medio de producción básico para la economía campesina y su resemantización como referente simbólico de las identidades étnicas; pasando por su adjetivación en las prácticas de territorialidad, del llamado “ecologismo campesino” (Toledo, 1999: 11-22; 2000: 256) y la disputa por el poder espacialmente referido; hasta la base de un ejercicio horizontal de la democracia directa y del despliegue de las autonomías indígenas y municipales.

Reforma y contrarreforma agraria

Antes de trazar un mapa de los movimientos actuales en la lucha por la tierra de los campesinos e indígenas en México es importante recuperar, aunque sea brevemente, la perspectiva histórica de los mismos sobre todo si consideramos que la memoria es un componente clave en la identidad de estos movimientos.

La estructura agraria en el México contemporáneo es el resultado de una persistente lucha de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus tierras. Desde nuestro punto de vista, esta historia de “larga duración” conformó las regiones y la particular geografía política de este país. La Revolución Mexicana (1910-1940) es uno de los episodios más intensos y definitorios de esta lucha. Representa para muchos estudiosos, un conjunto de revueltas agrarias que repartió tierras en plena insurrección armada, logró la Ley Agraria de 1915 y el pacto social fundante del estado mexicano que se expresa básicamente en el artículo 27 de la Constitución de 1917 que creó la posibilidad de un reparto agrario, primero a los pueblos y luego a los individuos organizados, generando la llamada “propiedad social” compuesta por ejidos y comunidades agrarias.

La reforma agraria en México abarca, entonces, nada menos que 77 años, hasta que en 1992 se impuso una contrarreforma que declaró el fin del reparto agrario, la necesidad de dar “seguridad en la tenencia de la tierra” (por medio de un programa de certificación y medición de las tierras ejidales y comunales) y la posibilidad de privatizar la propiedad social de los ejidos. Las dimensiones del reparto agrario en México son muy importantes: el 53,9% de la superficie nacional (101.583.972 ha, más de un millón de kilómetros cuadrados) son propiedad social. Si a esta superficie le sumamos las dotaciones que están en trámite, los ejidos y comunidades abarcan 103 millones de ha. De estas, sólo el 31% corresponde a la superficie parcelada, en tanto que el 66,3% ha sido declarado por los propios sujetos agrarios, “tierras de uso común”, y el porcentaje restante corresponde a solares urbanos y parcelas con destino específico (para escuelas, unidades agroindustriales, etcétera). No obstante, el reparto fue heterogéneo y existe una marcada desigualdad en la distribución de la tierra, primando el minifundismo. El conjunto de los sujetos agrarios en la propiedad social es casi de 4,5 millones considerando además de los ejidatarios y comuneros a los posesionarios y a los avecindados; frente a 1.800.000 propietarios privados, también en su inmensa mayoría parvifundistas, sobre 25 millones que viven en el medio rural.

En cuanto a los ejidos y comunidades con población indígena, estos representan el 22,9% del conjunto de los núcleos agrarios, son dueños del 28% de los bosques templados y de la mitad de las selvas que existen en propiedad social. Si tomamos en cuenta que los indígenas representan entre el 10 y 12% de la población total del país (de 10 a 12 millones), podemos decir que tienen un mayor peso relativo en la propiedad social (Robles y Concheiro, 2004). A esto se agrega que hay cerca de 100 pueblos indígenas de 62 etnias diferentes, en un país de megadiversidad biológica (entre los cuatro más diversos del mundo) y que la población indígena en México representa la cuarta parte de la población originaria en nuestro continente, lo que hace que la presencia de los pueblos indígenas sea muy relevante, como analizaremos más adelante.

Otras dos características importantes son el envejecimiento de los ejidatarios y comuneros (la edad promedio es de 55 años, 62,9% supera los 50 y 31,7% tiene más de 65) y un marcado y acelerado proceso de feminización. En 1970 sólo 1,3% de los sujetos con derecho a la tierra eran mujeres y para enero de 2004 pasaron a ser más del 18%.

Relacionado con la antigüedad de la reforma agraria, el consecuente envejecimiento de los sujetos, la feminización y la forma de acceso a la tierra, actualmente es relevante que menos de la quinta parte de los ejidatarios haya recibido la tierra por medio del reparto, lo que significa que son ejidatarios de segunda y tercera generación, lo que permite suponer que le imprimen un significado distinto a su relación con la tierra.

La contrarreforma agraria, si bien ha impuesto el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y el Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM) en aproximadamente 82,9% del total de los núcleos agrarios de todo el país, sólo ha medido 69,1 millones de hectáreas y certificado y titulado los derechos sobre las mismas de 3.547.001 ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. Se suponía que este era el primer paso para la privatización de la propiedad social. Sin embargo, el fracaso de esta política se manifiesta en dos datos: de la superficie certificada, el 66,3% ha sido declarada en asambleas tierras de uso común, lo que entre otras cosas las saca del mercado; y la privatización de la propiedad social –un derecho incorporado en la nueva legislación agraria– es, después de 13 años de contrarreforma, un fenómeno restringido y marginal. Estos dos datos evidencian una fuerte y profunda resistencia del llamado sector social frente a los embates neoliberales; que es aún más relevante si se considera que las dos terceras partes de los campesinos organizados se encuentran en instituciones corporativas, la mayoría pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el antes “partido oficial” y en el incipiente, aunque debatido, corporativismo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el actual partido en el gobierno (Partido Acción Nacional, PAN).


Conflictividad agraria y condiciones actuales de la lucha por la tierra

La contrarreforma agraria de 1992, si bien fracasó en cuanto a la privatización de la tierra del sector social y tampoco ha podido destruir las redes sociales largamente tejidas por casi ocho décadas de reforma agraria y el despliegue de la ideología agrarista, ha tenido no obstante un fuerte efecto en el incremento de la conflictividad agraria en el interior de los ejidos y comunidades, entre núcleos agrarios y entre estos y los propietarios privados. A nivel nacional, desde 1992 hasta fines del año pasado, las controversias agrarias recibidas por la Procuraduría Agraria alcanzaron la cifra de 671.839 asuntos. El primer lugar, con casi dos tercios del total, lo ocuparon las controversias individuales de los sujetos agrarios; en segundo término las que ocurren entre sujetos agrarios y órganos del núcleo de población; y en tercer orden las que involucran derechos de los núcleos de población agrarios que se refieren a conflictos por límites entre ejidos y por límites con terrenos de propietarios privados.

Enviado por: Alfredo Becerra Miranda.